En
muchas ocasiones tomar la decisión de divorciarse forma parte de un
proceso complejo y difícil de gestionar por el cúmulo de dudas e
incertidumbres que genera el haber de diseñar
una nueva forma de vida tras la ruptura.
Por
ello es necesario tomar decisiones con el máximo de información
posible intentado recabar la necesaria para saber cómo será el
nuevo escenario después del divorcio.
Así,
lo esencial, será intentar evaluar las consecuencias
o efectos del divorcio.
Ahora
bien, si se está en el otro lado, es decir, en el lado de quien
recibe de la otra parte la noticia del divorcio, se ha de saber que
aunque, en su caso, no se tenga la más mínima intención de
divorciarse, no se va a tener más remedio que asumir la ruptura
pues no existe ningún derecho especial a permanecer casado con
nadie, por tanto, lo mejor que se podrá hacer en ese caso será,
también, intentar recabar el máximo de información posible.
La
información que uno tiene que plantearse recabar es principalmente
qué determina la ley respecto al destino de los bienes adquiridos
durante el matrimonio, como por ejemplo, la vivienda conyugal, o qué
se determina, en caso de existir hijos comunes, respecto a la pensión
de alimentos,
la
custodia,
o qué se estipula en torno a pensiones compensatorias y/o
indemnizaciones posibles, entre otras cuestiones. En definitiva, se
trata de intentar manejar la máxima información posible respecto al
escenario
que se creará a nivel económico e interpersonal,
para lo cual habrá que plantearse muchas cuestiones, entre ellas
cómo
afectará el divorcio a su futura declaración de la renta
y qué otras repercusiones
fiscales habrá que calibrar si se reparten bienes comunes.
Saber cómo se repartirá el pago
de impuestos,
tasas u obligaciones derivadas de bienes comunes hasta ahora
soportados por mitad, como el ibi,
la hipoteca, el seguro
de la vivienda o la comunidad de propietarios.
Hechas
estas primeras aproximaciones, habrá que valorar si es posible o no
llegar a un acuerdo con la otra parte, y, de serlo, en qué términos
podrá plantearse. Es muy importante hacer bien esa primera
aproximación pues en torno a la misma empezará a diseñarse
el verdadero futuro de la persona que decide divorciarse.
Para
llegar a ese acuerdo, se deberá contactar con la otra parte, bien
directamente o bien a través del abogado
que le represente a uno. También podrá derivarse a un mediador
de familia.
El
mediador actuará como facilitador
del acuerdo generando alternativas,
conduciendo el proceso de negociación y auxiliando a las partes en
su proceso de mediación. Actuará con máxima neutralidad,
inmunizado de cualquier tipo de presión tanto exterior como
interior. Las partes podrán acudir a las sesiones determinadas por
el mediador bien de forma separada o bien conjuntamente. Si se logra
el acuerdo dentro del proceso de mediación, el mediador lo
documentará en un acta. Dicha acta deberá entregarse al abogado que
eligió la parte y derivó a mediación el asunto, a fin de que éste
confeccione a partir de dicha acta, el convenio regulador de
divorcio.
En
el caso que en la negociación no intervenga un mediador, será el
abogado
quien dirigirá la misma.
En tal supuesto, en la negociación puede intervenir un solo abogado
que actúe como interlocutor entre las dos partes, o bien, dos
abogados, de modo que cada uno represente los intereses de su
respectiva parte.
Logrado
el acuerdo, éste deberá documentarse en un convenio
regulador
que habrá de ser incorporado a una sentencia
de divorcio
para lo cual será imprescindible presentar la oportuna demanda de
divorcio de mutuo acuerdo acompañando el mencionado convenio
regulador.
Si
no es posible llegar a ningún acuerdo, se deberá interponer la
demanda de divorcio contenciosa, en cuyo caso, será el Juez quien
decidirá los efectos del divorcio, teniendo en cuenta los criterios
legales y jurisprudenciales de aplicación.
La
duración de todo el proceso variará según el divorcio sea de mutuo
acuerdo o contencioso e incluso variará según el Juzgado en el que
se lleve el procedimiento.
En
Juzgados especializados en Derecho de Familia, como ocurre en la
demarcación de Barcelona
capital, los procedimientos son ágiles,
de modo que un proceso de mutuo acuerdo no se alarga más de cuatro a
seis meses, mientras que un proceso contencioso puede durar en torno
a los ocho – doce meses.
En
definitiva, tomar buenas decisiones en torno al divorcio aseguran un
futuro esperanzador tras un proceso de ruptura, de ahí la
importancia de tener toda la información necesaria y estar bien
conducido – es decir, bien asesorado- durante todo el proceso de
familia
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